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El proceso penal es concebido como el conjunto de actos formales a través del cual los órganos jurisdiccionales aplican las normas jurídicas al caso concreto, culminando en una decisión judicial. En este contexto, el sistema acusatorio vigente eleva la sujeción a los principios procesales a su máxima expresión, garantizando la coherencia interna y la legitimidad del sistema.Para que el derecho punitivo del Estado (ius puniendi) logre su objetivo de manera legítima, es imperativo que la valoración de la prueba se realice con un alto grado de objetividad. No basta con que las pruebas ofrecidas sean válidas; deben ser eficaces y efectivas. En consecuencia, los jueces deben aplicar la sana crítica, respetando los parámetros del razonamiento lógico y psicológico para motivar adecuadamente sus resoluciones y evitar la arbitrariedad.
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