Ley de la Jurisdicción Voluntaria

La incorporación a nuestro ordenamiento jurídico de una Ley de laJurisdicción Voluntaria forma parte del proceso general demodernización del sistema positivo de tutela del Derecho privadoiniciado hace más de una década con la Ley de Enjuiciamiento Civil del a?o 2000, en cuya disposición final decimoctava encomendaba laremisión a las Cortes Generales de un proyecto de ley de jurisdicciónvoluntaria.La regulación de la jurisdicción voluntaria dentro de la Ley deEnjuiciamiento Civil como ha ocurrido en Espa?a desde 1855, era frutode la vocación recopiladora de nuestro Derecho histórico, pero lasentida necesidad de una mayor coherencia sistemática y racionalidaden nuestro sistema procesal, recibe una adecuada respuesta con lapresente Ley de la Jurisdicción Voluntaria. Al igual que en la mayoría de los países de nuestro entorno, se haprocedido a separar la jurisdicción voluntaria de la regulaciónprocesal común, manteniéndose entre ellas las relaciones naturales deespecialidad y subsidiariedad que se producen entre normas dentro decualquier sistema jurídico complejo.El interés del ciudadano ocupa un lugar central entre los objetivos de esta Ley. A lo largo de su articulado se establecen instrumentossencillos, efectivos y adecuados a la realidad social a la que seaplican, en el caso de que requieran la intervención de los tribunales de justicia a través de cualquiera de los actos de jurisdicciónvoluntaria. Instrumentos en los que se ha aprovechado la experienciade los operadores jurídicos y la doctrina emanada de los tribunales yde los autores para ofrecer al ciudadano medios que faciliten laobtención de determinados efectos jurídicos de una forma rápida y conrespeto de todos los derechos e intereses implicados dentro de laesfera personal y patrimonial de las personas.